Dentro del marco de la campaña internacional Limpiemos el Mediterráneo (Clean-Up the Med), Ecologistas en Acción organiza 17 limpiezas de playa simultáneas en las que participarán decenas de personas voluntarias con el objetivo de sensibilizar sobre el problema de los residuos en el medio marino.
En colaboración con otras asociaciones, el 27 de mayo se realizarán limpiezas en la playa de Cabo Huertas, Cala Palmera (Alicante), Río San Pedro (Cádiz) y Lanzarote.
El domingo 28 de mayo se realizarán limpiezas en la playa de la Patacona (Valencia), Guardamar Santa Pola y el Pinet (Alicante), en las playas de Moncofa, Aiguaoliva, en la desembocadura del río Servol y en la desembocadura del río Sec (Castellón); en la playa del Gorguel (Región de Murcia), en el Dique Sur de Melilla y en el tramo costero de Puente Mayorga a Guadarranque en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
El 3 de junio se realizará una limpieza en El Puerto de Santa María (Cádiz) y se cerrará la toma de datos el 11 de junio con las limpiezas programadas en Cabo de Gata (Almería) y la playa de Gorrondatxe (Bizkaia).
Ayer jueves 26 de febrero se realizó la charla organizada por Ecologistas en Acción y CGT sobre el Tratado
de Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos de América y la
Unión Europea, más conocido por sus siglas en inglés: TTIP.
Concha García del área de internacional
de Ecologistas en Acción y Desiderio Martín del Secretariado Permanente
de CGT se fueron turnando en las intervenciones e hicieron un recorrido
por los aspectos más destacados del TTIP.
Empezaron por un recorrido histórico sobre los diferentes tratados comerciales
impulsados principalmente por Estados Unidos, aunque no sólo y
posteriormente se entró de lleno en las peculiaridades de este nuevo
tratado.
Si tuviéramos que elegir una palabra para identificar el TTIP, quizás la más acertada sería “desregulación”.
Aunque desde las instancias políticas se está presentando como un
acuerdo cuyo principal objetivo es eliminar los aranceles de los
productos entre los dos bloques (EE.UU-UE), no parece que ese sea el
verdadero objetivo, ya que en la actualidad no superan el 5% en el caso
más elevado.
En realidad, tal y como nos comentaron lxs ponentes, el
verdadero objetivo del TTIP no es otro que desregularizar o igualar a
la baja todo tipo de normativas referentes a un enorme abanico de
legislaciones que afectan a un no menor número aspectos cotidianos.
Servicios públicos como la educación o la sanidad se someterán a
procesos de privatización a los que podrán concursar grandes compañías
multinacionales. Igual ocurrirá con cualquier obra o servicio que saque a
concurso una administración estatal, regional o local.
En cuanto a la alimentación y la seguridadalimentaria también pudimos comprobar las efectos negativos del TTIP, ya que se permitirá el uso de transgénicos y la carne tratada con hormonas, algo que actualmente no está permitido en la UE, aunque sí en USA. El medio ambiente también se verá más amenazado de lo que está todavía, pues se abre la puerta al fracking para la extracción de gas y petróleo.
Los derechos laborales también pretenden desregularlos.
Bajo el falso argumento del aumento de puestos de trabajo el TTIP busca
igualar las condiciones laborales entre ambos bloques, aplicando
progresivamente las normativas existentes en los EE.UU, es decir, pocas y
deficientes. EE.UU. solamente ha firmado dos de los ocho convenios de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contrarios al
trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la
negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.
Y todo este paquete de medidas será supervisado por un mecanismo de arbitraje llamado ISDS
(en sus siglas en inglés), que no es otra cosa que una especie de
tribunal que resolverá los posibles conflictos entre los Estados y la
multinacional, saltándose por encima cualquier tribunal de justicia del
Estado afectado.
Tras la charla hubo preguntas y comentarios interesantes de las personas asistentes, destacando la propuesta
de constituir en nuestra ciudad una plataforma contra este Tratado de
Libre Comercio para organizar de manera colectiva el rechazo ante tan
brutal atropello.
Proyección y coloquio en Cieza en el día Internacional contra el fracking
Se proyectará el documental "La Sombra del Fracking" , y posteriormente tendrá lugar un coloquio sobre la situación de los proyectos de fractura hidráulica autorizados en la zona.
El próximo sábado 19 de octubre se celebra el día internacional contra el fracking. Con este motivo, la Plataforma "la Cuenca del Segura Libre de Fracking" ha programado en Cieza la proyección de un documental y un coloquio posterior. Tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Museo Siyasa, a las 19:00 horas.
"La sombra del fracking"(2012), es un documental español realizado por Dani Amo y Rosa Martínez, y cuenta como el fracking está llegando a nuestro país sin que las administraciones informen claramente de los permisos que están concediendo, y sin que la población sea consciente de los riesgos que supone esta técnica.
Además de recoger las evidencias de contaminación y terremotos que la fractura hidráulica ha provocado en Estados Unidos y otros países, "La sombra del fracking" advierte de los peligros para la salud humana con una entrevista a Nacho Santidrián, cirujano oncológico del Hospital de Cruces.
Tras la proyección se informará de los proyectos de fractura hidráulica autorizados en la región de Murcia. Proyectos que afectan, entre otros, al municipio de Cieza.
El fracking (o fractura hidráulica) es una controvertida técnica para la extracción de gas natural mediante el uso de explosivos, y la inyección en el subsuelo de miles de toneladas de agua y aditivos químicos tóxicos a alta presión. Entre sus riesgos, destaca el de contaminación de las aguas subterráneas, y también superficiales de las zonas donde se realiza.
Ecologistas en Acción denuncia un nuevo caso de plantación de especies invasoras en accesos a urbanizaciones residenciales en el entorno del Parque Regional de Carrascoy - El Valle.
La organización solicita la colaboración ciudadana para localizar nuevos enclaves con presencia de esta especie invasora para evitar su propagación en el medio natural.
Ecologistas en Acción ha vuelto a denunciar la plantación de numerosos ejemplares de Pennisetum setaceum[1], incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en las medianas y anexos situados en la carretera F-19, a la altura de la urbanización “La Nueva Tercia”, sita en la pedanía de La Tercia, término municipal de Murcia.
Para la asociación lo más grave de la situación no es sólo el hecho de que la plantación de Pennisetum setaceum esté expresamente prohibida en el medio natural, incluyendo infraestructuras lineales de transporte y vías de comunicación, como se expresa laDisposición Transitoria Primera para las especies en viveros ornamentales.
Para los ecologistas, lo más grave es que ya es posible observar numerosos ejemplares en los márgenes de la carretera que evidentemente han surgido de la dispersión de semillas de los ejemplares plantados, lo que supone que ya se está extendiendo esta especie invasora fuera del espacio en el que se ha plantado como ornamental, y a pesar de la prohibición expresa de hacerlo.
Ecologistas en Acción, con esta denuncia persigue principalmente la retirada urgente e inmediata de dichos ejemplares, puesto que en estos momentos se encuentran en pleno periodo de fructificación y maduración de la semilla, lo que hace imprescindible la eliminación y seguimiento posterior para garantizar la desaparición total de posibles propágalos en el medio natural.
Y este hecho adquiere una gran importancia si se tiene en cuenta la cercanía del Espacio Natural Protegido del Parque Regional de Carrascoy-El Valle, que también es LIC y ZEPA, lo que atestigua su importancia a nivel medioambiental.
Para terminar, la asociación a querido hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que les ayuden a localizar todos los focos de dispersión de dicha especie y poder elaborar así un mapa regional de presencia de esta planta invasora, de cara a facilitar las labores de erradicación de dicha especie en el medio natural.
Para ello, la asociación pide que se le mande por correo o por Facebook la siguiente información:
Asunto del correo: "Denuncia Pennisetum"
Datos del lugar donde se ha visto: Nombre del municipio y paraje, coordenadas UTM, o punto kilométrico y nombre de la carretera (por ejemplo km7 de la F-19), etc. Lo más detallado posible para mejor localización.
Si se puede, foto de los ejemplares y de la zona (valen fotos de móviles).
Algún dato de contacto de la persona que denuncia, para consultas sobre la localización.
Durante estos meses de 2013 ya se han superado los días límite que establece la normativa para todo el trienio 2013-15
Ecologistas en Acción ha vuelto a presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia un escrito de denuncia por la continuación del significativo problema de contaminación por ozono en Lorca.
La magnitud del problema la da el hecho de que hasta el mes de agosto, incluido, se han producido ya 76 superaciones del valor máximo diario de 120 microgramos/m3, lo que excede la cifra límite de 25 días por cada año civil en un promedio de tres años, según las cifras oficiales de Consejería.
Esto significa, advierten, “que en lo que va de 2013 Lorca ya ha superado el máximo de 75 días de superaciones que se establece para todo el trienio 2013-2015”.
Los ecologistas recuerdan además que Lorca ya rebasó con creces todas las superaciones del máximo diario de ozono permitidas para el trienio 2010-2012.
Así, en Lorca entre 2010 y 2013 se superó 363 días el límite permitido de 120 microgramos/m3, cifra que supera ampliamente el límite de 75 días para dicho trienio (media de 25 días por año).
Ante esta situación, la legislación vigente obliga a la elaboración de Planes de mejora de la calidad del airepara dicho contaminante.
Por si la situación no fuera ya suficientemente preocupante, Ecologistas en Acción denuncia además que la cifra total de días con aire insalubre en Lorca es en realidad mucho mayor, ya que la Organización Mundial de la Salud ha rebajado desde 2005 el valor límite de protección para la salud de 120 a 100 microgramos por metro cúbico, estando por tanto obsoleta la legislación vigente en nuestro país. En este sentido, atendiendo al criterio de protección de la salud que establece la OMS, en Lorca todos los días de Julio y Agosto, menos dos, se superó la cifra de 100 microgramos/m3.
Precisamente en febrero de 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) remitió un informe a la Comisión Europea sobre los Efectos negativos de la contaminación sobre la saludde las personas, el cual revela que los efectos nocivos de la contaminación están demostrados científicamente, y que las evidencias científicas son aún peores de lo que se creía hace ocho años. Por ello, el informe de la OMS recomienda endurecer la legislación anticontaminación de la Unión Europea, y por tanto la Comisión Europea ya ha anunciado que revisará los límites permitidos, para rebajarlos.
Y es que, denuncian los ecologistas, la contaminación no es un problema precisamente baladí, ya que según datos oficiales de la Comisión Europea, se estima que en España cerca de 20.000 personas mueren prematuramente cada año por culpa de la contaminación del aire producida por contaminantes como el ozono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, las partículas en suspensión, etc.
Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia la pasividad de la administración regional y local respecto de este grave problema de salud pública, ya que a pesar de conocer la grave situación desde el año 2010, y de que desde enero de 2013 tenía que estar elaborando el Plan de mejora de la calidad del aire, la realidad es que todavía no existe dicho plan, ni se han tomado medidas de ningún tipo.
La organización ambiental denuncia la actitud del gobierno regional y la corporación municipal en estos últimos años de no querer enfrentarse a la solución del problema, hasta el punto de que en alguna ocasión han afirmado no poder tomar medidas por que desconocen el origen del ozono (que se sabe que está asociado al tráfico y determinados procesos industriales), pero al mismo tiempo no se ha realizado, en más de tres años, ningún tipo de investigación técnica/científica sobre el origen concreto de dicho contaminante en Lorca, lo que demuestra una falta de diligencia preocupante.
Para Ecologistas en Acción, es necesario un cambio de rumbo de la administración regional y local para el desarrollo de medidas de prevención, y la elaboración de un Plan de mejora de la calidad del aire que solucione de una vez por todas este grave problema medioambiental y de salud pública.
Para terminar, la organización ambiental anuncia que ya está elaborando una queja ante la Comisión Europea y ante la Defensoradel Pueblo, y su equipo jurídico está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Ecologistas en acción presentan el informe anual de agentes contaminantes en la Región de Murcia, destacando la contaminación por ozono troposférico en Lorca.
Comida de los grupos ecologistas, lectura del manifiesto y entrevista a Pedro Costa Morata en la pedanía lorquina del Cantar para celebrar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la ejecución del proyecto Marina de Cope.
¡¡Marina siempre libre!!
Programa especial de Apaga y Vamonos en audio y video.
El movimiento sociopolítico regional, que propugna la defensa de la naturaleza y su armonía con el progreso está de enhorabuena y celebración debido al éxito conseguido de la mano del Tribunal Constitucional (T.C.). Órgano, que ejerciendo la función de supremo intérprete de la constitución española de 1978, ha avalado el recurso de inconstitucionalidad, presentado por los colectivos ecologistas, contra la ley del Suelo de la Región murciana. Demanda, que por el feliz hecho de haber prosperado, obliga a la anulación en un futuro próximo de la recalificación de 15.000 hectáreas de parcelas protegidas junto a la costa. Operación urbanística, que llevaba implícita la equiparación de terrenos de alto valor ecológico con otros de escaso o nulo interés, valiéndose de una figura de protección inferior.
Esta modificación despejaba por completo el camino a un plan de desarrollo urbanístico avalado por la Comunidad Autónoma, que preveía nuevas edificaciones en zonas tan excesivamente saturadas como la Manga y el Mar Menor, que de haberse llevado a cabo hubiera tenido efectos directos irreversibles, de extrema gravedad, para la conservación de nuestros últimos tramos de costa virgen y del valioso patrimonio de nuestro litoral, perteneciente a municipios como Águilas, Lorca y Mazarrón. Devastadoras consecuencias tales como el absoluto desamparo y destrucción, legal e institucionalmente consentidos, de espacios naturales pertenecientes al Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre con el objetivo de promover la construcción de uno de los mayores complejos urbanísticos del Mediterráneo.
Actuación urbanística permitida por una Norma de ámbito regional, cuya disposición adicional octava ha sido declarada nula e inconstitucional por el T.C., lo que supone a efectos prácticos la ilegalización del proyecto Marina de Cope. Planificación urbanística, que desde el primer momento topó con la oposición de todo un movimiento ciudadano, del que uno de los representantes fue el veterano ecologista aguileño Pedro Costa Morata. Portavoz de un creciente y pacífico levantamiento popular, integrado en origen por un nutrido grupo de vecinos de la diputación lorquina de Garrobillo y por un equipo de profesionales, que participan a título individual, apoyados por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción.
Actitud con la que nos recuerdan la importancia de la conservación de la costa como medio privilegiado y exclusivo para la supervivencia de especies autóctonas y para las que la visitan de forma estacional. Individuos, cuyo crecimiento y reproducción está garantizado gracias a la preservación del litoral como zona de transición entre dos ambientes distintos, el acuático y el terrestre.
Por esta razón todos los ciudadanos conscientes de la importancia de mantener el medio ambiente en óptimas condiciones, especialmente el costero y el marino de nuestra región, tenemos la gustosa obligación de felicitar al activismo ecologista murciano en general y muy especialmente a la rama, que entroncando con él, defiende el litoral de nuestra tierra desde 1973 por esta resolución del T.C. Veredicto, que representa el haber ganado una de las batallas más decisivas en la guerra contra los especuladores urbanísticos que pretenden lucrarse expoliando nuestro patrimonio natural.
Meta alcanzada gracias al esfuerzo incansable de una corriente de pensamiento diligente y eficaz, que desde sus orígenes en aquel relevante y significativo año antes citado, en el que se fundó ANSE, ha generado una marea de activismo social, que extendiéndose hasta nuestros días ha alcanzado uno de sus mayores hitos históricos gracias a la sentencia del T.C., emitida el pasado día 19 del presente mes.
Ansiado pronunciamiento del alto tribunal que, tras once años y medio de demora, nos permite sumarnos con tranquilidad a la rotunda afirmación expresada por Pedro Costa Morata, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse el tan anhelado y dilatado fallo del T.C.: “Marina de Cope vuelve a estar protegida y eso va a misa”
Entusiasmo y satisfacción de nuestro apreciado Pedro, que le motivó a continuar manifestándose con contundencia en los siguientes términos: “Esto ha sido un triunfo colectivo, una victoria de la madurez y del momento que atraviesa la Región de Murcia”. Alegría plenamente justificada y compartida por el resto del movimiento conservacionista murciano y por todos los integrantes de la asociación Prolitoral, promotora en 2001, junto con Cristina Narbona y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Suelo regional.
Colectivos, que junto a figuras de primera magnitud del ecologismo nacional, como la exministra de Medio Ambiente, citada anteriormente, aprovechan esta coyuntura favorable, que enmarca el amparo constitucional a sus reivindicaciones, para exigir con renovada fuerza, de nuestros gobernantes la retirada de las proyectadas directrices del litoral, que benefician únicamente a los intereses crematísticos de una élite privilegiada de empresarios capitalistas. Inmobiliarias principalmente, que tienen en mente grandes proyectos de desarrollo urbano-turístico, caracterizados por un alto impacto ambiental, social y económico, que constituyen un verdadero atentado ecológico, que nos posiciona en las antípodas de lo que en toda Europa se está proponiendo en zonas costeras como sistemas de urbanización y comunicación sostenibles. Propuestas en consonancia con la protección de los valores naturales, paisajísticos y culturales de la costa murciana, una de las pocas zonas vírgenes, que quedan en todo el mediterráneo Español.
En este sentido se han pronunciado organizaciones como Ecologistas en Acción, que junto con WWF y Greenpeace lanzaron un comunicado, tras conocerse la buena nueva, en el que piden, con carácter de urgencia, al presidente de la Comunidad Autónoma “la inmediata paralización de los trámites de recalificación de suelos en Marina de Cope”, y que retome de forma decidida y definitiva la senda de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Cope-Calnegre, incluyendo la mayor parte de la zona que pretendía ser urbanizada.
Los ecologistas sugieren además que el dictamen del Tribunal Constitucional «debería tener como consecuencia la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno regional y obliga a un cambio radical en las políticas de ordenación territorial que han favorecido la destrucción de los espacios naturales en beneficio de un urbanismo excesivo»
En esta línea se ha manifestado también el ingeniero, escritor y periodista aguileño anteriormente presentado, quien pronunció a modo de conclusión las siguiente y sabia reflexión, en las que no ahorro amables calificativos dirigidos al Ejecutivo Regional: “Tenemos el peor gobierno de Celtiberia, no da una y no saca nada adelante; todo es incompetencia y perversidad”. Tajante, realista y oportuna declaración de principios, a la que añadió para acabar una recomendación, de rabiosa actualidad, destinada a nuestro pocas veces insigne y la mayoría infame presidente autonómico: “Valcárcel debería cortarse las venas y desaparecer del mundo con dignidad”.
Y para terminar me gustaría aportar un texto, que viene muy al caso, extraído de Las Siete Partidas, libro fruto de la inspiración de un rey llamado Alfonso, que ha pasado a la historia con el justo y merecido apelativo de “el Sabio”. Pero que algunos sólo conocen por ser la figura dedicataria de un monumento conmemorativo erigido en la capital murciana al final del “Tontodromo”. Y que otros reivindican como un personaje tradicionalmente muy influyente.
Prolífico estudioso de diversas y avanzadas materias de su época y animador de una ingente e irrepetible obra literaria, que desconociendo términos como biodiversidad o eufemismos como desarrollo sostenible, nos recordó hace alrededor de 750 años una ancestral y magistral lección de progreso y crecimiento financiero en armonía con el ecosistema, que debería ser inolvidable para nuestros actuales gobernantes. Incompetentes dirigentes, que en comparación con su predecesor, el monarca sabio, se desacreditan comportándose como una oligarquía de ambiciosos ignorantes. Políticos incapaces de superar con los presentes medios tecnológicos y científicos la intuición y la labor respetuosa, del rey sabio, con un vocablo, que desconocía, ecología, pero cuyo significado conocía empírica y profundamente y cuyo mensaje ponía en práctica continuamente:
"Las cosas que comunalmente pertenecen a todas
las criaturas que viven en este mundo son éstas:
el aire, el agua de lluvia, el mar y su ribera.
No se puede edificar en la ribera de modo que
se embargue el uso comunal de la gente".
Alfonso X el Sabio, Las Siete Partidas (1256-1265)
Bernabé reconoce públicamente el “teletransporte” en Murcia
Ecologistas en Acción quiere agradecer al Concejal de Urbanismo y Vivienda que reconozca públicamente el uso del “teletransporte” por parte del Ayuntamiento de Murcia en unas declaraciones en las que pretendía tirar balones fuera frente a las indiscutibles consecuencias de la Sentencia 91/2011 del TSJM.
Ecologistas en Acción se congratula de que el Ayuntamiento de Murcia, a través de las declaraciones de su Concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Antonio Bernabé, reconozca abiertamente que realiza operaciones urbanísticas consistentes en la adscripción (“teletransporte”) de Suelos Forestales a sectores urbanizables aumentando así la edificabilidad de estos y consecuentemente el beneficio de los promotores.
En un torpe intento del concejal Bernabé de tirar balones fuera, lo que ha conseguido es justamente lo contrario: reconocer la práctica que esta organización denuncia y que el TSJM deja claro que es ilegal.
Bernabé argumentaba que en otra sentencia, la 547/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su fundamento décimo reconoce y manifiesta que “los suelos forestales y su adscripción a sectores urbanizables no suponen en ningún caso su transformación urbanística”, pero Bernabé se olvida que en dicha sentencia no se cuestiona la adscripción de Suelos Forestales con Protección Especifica, que es la práctica ilegal que aquí nos interesa, porque de sobra conoce el Tribunal Superior de Justicia que el PGMO de Murcia en su artículo 7.2.14 establece que en el suelo No Urbanizable debe diferenciarse el suelo NF Protegido por el Planeamiento del NF de Protección Específica, por responder a distinto objeto y régimen.
Además, el Artículo 7.11.1 establece que de conformidad con lo previsto en los artículos 6.3.2 y 8.1.3.2 c), las zonas con código de calificación GD-NF1 constituyen reservas de sistemas generales diferidos en suelo no urbanizable protegido por el Plan General, por ser los terrenos que tienen un mayor potencial o valor ambiental, para ser dedicados a usos de conservación y disfrute de la naturaleza, pudiendo ser vinculados a sectores específicos a través del planeamiento de desarrollo.
Traducido, esto significa que se diferencia entre el suelo Protegido por el Planeamiento y el de Protección Específica, y se determina que solo el protegido por el planeamiento puede ser objeto de vinculación (“teletransporte”), quedando fuera de este mecanismo el suelo con Protección Específica.
Por lo tanto, no sólo es falso que a Murcia no le afecta la correcta interpretación que hace la sentencia el artículo 65.1 de la Ley del Suelo Regional que ha dado el TSJM, sino que además si en algún municipio estaba sobradamente claro por su PGMO que no puede hacerse “teletransporte” con Suelos Protegidos de forma Específica ese es precisamente el PGMO de Murcia.
Todo esto significa que el Ayuntamiento de Murcia podría estar cometiendo un delito contra la ordenación del territorio al aprobar planes parciales con un desorbitado aumento de edificabilidad a costa de esos Suelos Forestales con Protección Específica, y el hecho de que un funcionario o un cargo público lo consintiera podría constituir prevaricación.
Ecologistas en Acción ha exigido a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio que paralice la tramitación urbanística en la Región de Murcia hasta que se revisen los planes generales y normas subsidiarias de los 45 municipios de la región, para adaptarlos a legalidad urbanística vigente, según la Sentencia FIRME 91/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
La sentencia, que ahora es firme, supone darle la puntilla al modelo urbanístico del Gobierno Valcárcel, manifiestamente fracasado según ha reconocido el propio Presidente Regional.
Ecologistas en Acción ha exigido una urgente moratoria urbanística en la Región de Murcia, hasta que se revise y restituya la legalidad urbanística de todos los planes y normas que hayan incorporado la ilegal práctica del “teletransporte de edificabilidad” desde suelos con protección específica a suelos urbanizables.
Esta petición la realiza la organización tras conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado la Sentencia 91/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia[1], que la Comunidad Autónoma recurrió y que ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo, ya es firme.
La sentencia aclara una mala interpretación de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, que se ha aplicado en numerosos planes urbanísticos en los últimos años, aumentando ilegalmente la rentabilidad de los mismos. Esto acabaría con uno de los elementos que han favorecido la especulación del suelo en toda la Región de Murcia, ya que no afecta sólo a planes aprobados después de su emisión, sino que afecta a todos los planes redactados en la Región de Murcia desde la entrada en vigor de la citada Ley.
La organización recuerda que a principios de este año elaboró e hizo público, un análisis detallado sobre las repercusiones de dicha sentencia en la edificabilidad legalmente permitida en la Actuación de Interés Regional “Marina de Cope” (lo que supone un duro varapalo a la viabilidad del proyecto urbanístico).
Tras la realización de este informe, la organización informó a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del contenido de la sentencia, ya que consideraba obligada la revisión de oficio de todos los planes y normas afectados por esta sentencia, a fin de cumplir con la legalidad urbanística vigente en todo el territorio regional. De hecho, se observó que uno de los municipios más afectados por la sentencia es el de Murcia.
La respuesta de la Consejería fue entonces evasiva y escudaba su irresponsable inacción en que la sentencia estaba recurrida y no era firme.
Ahora, una vez que la sentencia es firme, Ecologistas en Acción exige que se paralice toda tramitación urbanística en la Región de Murcia, hasta que sean localizados, revisados y corregidos todos los planes y proyectos afectados por la misma, a fin de restituir la legalidad urbanística en la Región de Murcia. Esta revisión supondrá que en algunos casos la edificabilidad, y por tanto la rentabilidad de los proyectos, se vea seriamente comprometida.
Para terminar, Ecologistas en Acción ha considerado imprescindible la aplicación urgente de la moratoria urbanística mientras se revisan los planes, municipio a municipio, a fin de evitar que se ejecuten planes ilegales después de conocerse el contenido de esta sentencia firme, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas[2] y las posibles consecuencias legales para los técnicos y cargos públicos que aprobasen dichos planes tras conocerse la sentencia. También han exigido a la Consejería que aclare cuál va a ser la solución que se adopte en aquellos casos afectados y en los que el proyecto ya está ejecutado.
Ecologistas en Acción hace una valoración muy negativa de las medidas anunciadas ayer por el Presidente del Gobierno, pues no van en el camino de solucionar la crisis ecosocial que vivimos, sino todo lo contrario. Especialmente destacable es el incremento de desigualdades que van a producir.
Ecologistas en Acción hace una valoración muy negativa de las medidas anunciadas ayer:
Medidas de incremento de ingresos
Las medidas de aumento recaudatorio se basan, una vez más, en el incremento de impuestos indirectos (IVA fundamentalmente). Estos impuestos graban por igual a quien más tiene y a quien menos, siendo por ello injustos a nivel social.
Además el Gobierno ha anunciado un incremento de la imposición ambiental. Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones, viene defendiendo una fiscalidad verde desde hace años con tres objetivos: i) reorientar el sistema de producción y consumo hacia parámetros más sostenibles; ii) un sistema impositivo finalista cuyos ingresos vayan destinados a una reconversión en el plano productivo; y iii) una recaudación progresiva que grabe más a las clases más pudientes. En el mejor de los casos la propuesta del Gobierno cumpliría solo el primero de los objetivos y solo de manera parcial (pues solo parecen implicados los hidrocarburos, frente a una amplia gama de actividades que se reflejan en la propuesta de las organizaciones sociales).
Medidas de ahorro
El recorte en las pagas al funcionariado junto a la obligación a trabajar más, además de ser una medida injusta, implica al resto de trabajadores/as, pues, como muy bien plantea la UE en el Pacto Fiscal, la reducción de los salarios al funcionariado termina repercutiendo en una reducción salarial en el resto de sectores.
La reducción del subsidio de desempleo es calificada por la organización ecologista como un insulto. Mientras el paro aumenta de forma continuada, se penaliza y recorta la asistencia a quien no tiene trabajo bajo la coartada de que quien no trabaja es porque no quiere. ¿En qué mundo vive el Gobierno?
La principal medida contra el paro, en la circunstancia actual, es el reparto del trabajo. Pero el Gobierno va en la dirección diametralmente opuesta con algunas de las medidas anunciadas ayer, como la restricción a la jubilación anticipada y el incremento de la jornada laboral al funcionariado.
Ecologistas en Acción sí saluda el fin de la desgravación por la compra de vivienda, uno de los elementos que estuvo detrás de la burbuja inmobiliaria que ha generado la crisis económica y a devastado el litoral español.
Recortes a las respuestas sociales
El anuncio de recortes a los sindicatos o la reducción del número de concejales/as parece encaminado, no solo a un ahorro para las arcas públicas, sino también en eliminar herramientas de protesta en el mundo laboral y en el político (mediante la reducción de la representación de los partidos minoritarios).
Además, Ecologistas en Acción señala la tremenda casualidad de que, a pesar de que el Gobierno español no esté intervenido por la UE, como explica Mariano Rajoy, las medidas aprobadas ayer coincidan con las planteadas desde la UE.
Ante la situación de fuerte crisis de la deuda, Ecologistas en Acción se suma a las decenas de organizaciones sociales que defienden que la única salida es: i) que deje de crecer, lo que implica, por encima de todo, dejar de ayudar a la banca; ii) poner en marcha una moratoria del pago de la deuda pública; iii) durante la moratoria, realizar una auditoría de la deuda para determinar que deudas son odiosas, cuales ilegítimas y cuales legítimas; y iv) dejar de pagar las deudas odiosas y las ilegítimas. No va a haber recorte ni subida impositiva que vaya a ser capaz de sostener la deuda española, la mayoría de ella privada (84%), que asciende a 4 veces el PIB.
Por todo ello, la organización ecologista seguirá movilizándose y apoyando las movilizaciones contra estos recortes.
Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.
Radio15-M Murcia realiza una entrevista telefónica a Natalia de Ecologistas en Acción para poner un punto y aparte en este tira y afloja con las autoridades portuarias de Cartagena (APC) en lo referente al proyecto del macropuerto en el Gorguel. Nos comunica que el juicio ya se ha celebrado y están a la espera de la sentencia.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, se desdice tras el comunicado de Ecologistas en Acción en el que se destapa que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) no tiene previsto invertir en el Macropuerto de Contenedores del Gorguel.
Ecologistas en Acción observa con perplejidad la capacidad de Adrian Ángel Viudes de desdecirse públicamente, sin despeinarse y a dos meses escasos de hacer unas declaraciones en las que daba un bombazo informativo.
Como no podía ser de otra manera el diario La Verdad de la región de Murcia publicaba una noticia que como poco puede tildarse de incompleta y tendenciosa. Solo en este párrafo ya podemos ver la inclinación del diario:
"En todo caso, la Autoridad Portuaria de Cartagena ya había dejado claro que no ha solicitado dinero al Banco Europeo de Inversiones para la dársena, que aún está en fase de estudio. El presidente de la institución portuaria, Adrián Ángel Viudes, ha señalado que el organismo cartagenero dispone de una reserva de 80 millones de euros para poner en marcha la infraestructura, y que en todo caso tiene escasa confianza en que la UE dé fondos para una obra que costará en torno a 1.700 millones de euros."
Obviando la noticia del, también, diario murciano La Opinión a 21 de Septiembre de este mismo año en la cual decían:
"La previsión realizada por la Autoridad Portuaria de Cartagena establece que las obras podrían comenzar en 2014 y se desarrollarían durante cinco años en dos fases. La primera fase incluiría una inversión de 714 millones de euros, que serían financiados por el organismo portuario (500 millones) y la concesionaria de las instalaciones (200 millones). El presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, asegura que el Banco Europeo de Inversiones estaría dispuesto a aportar la mitad de la inversión del organismo portuario. La segunda fase prevé una inversión de 404 millones de euros, de los que la Autoridad Portuaria aportaría 191."
Nuestra conclusión es muy parecida a la de los activistas en este caso. El señor Viudes dónde dijo digo, dice Diego. Los periódicos de la región, sabiendo que esto es así, lo secundan.
"Sancionados por defender el Gorguel"
"¡¡No nos callarán!!"
Palacio de justicia
También por escrito:
Ecologistas en Acción Región Murciana ha acudido a la vista del juicio en el que la asociación pretendía demostrar lo injustificado de la sanción que le impuso en 2009 la Autoridad Portuaria de Cartagena siendo juez y parte.
La vista ha tenido que ser aplazada para evitar la indefensión de la asociación, ya que ésta ha obtenido una de la pruebas para su defensa en el transcurso del mismo juicio. Se trata de las respuestas del Presidente de la APC, D. Adrián Ángel Viudes, contestadas por escrito, ya que declinó declarar verbalmente en el juicio.
Esta mañana se celebraba en Cartagena la vista del juicio en el que Ecologistas en Acción Región Murciana pretendía anular la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sancionaba a ocho miembros de la organización por una acción pacífica y simbólica en contra del proyecto estrella promovido por la APC. Aunque finalmente no ha podido llevarse a cabo el mismo, debido al retraso en la entrega de las declaraciones por escrito de Viudes, que declinó asistir al juicio para responder a las preguntas de los abogados que representan a los ecologistas.
La vista del juicio ha sido aplazada para el próximo martes 29 de noviembre a las 13 horas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena situado en la Plaza Vicente García Marcos nº3.
La manifiesta y pública animadversión a cualquier ecologista o valor ambiental que siente el presidente de la APC, D. Adrián Ángel Viudes, que está ampliamente recogida en declaraciones y entrevistas realizadas en diferentes medios apoya la tesis de los ecologistas. Sirva de ejemplo que se refiera a Pedro García (Director de ANSE) como "el peluca" (en alusión a su peinado), o que hable de "Gorrión africano que es una puta mierda" refiriéndose al Camachuelo Trompetero, ave considerada amenazada en la península ibérica y que está catalogada con la máxima categoría de protección que otorga la legislación europea.
Otra prueba del empeño en represaliar a los activistas a toda costa es el hecho de que se sancione en base a unos daños que no existieron y que la APC no se ha molestado ni tan siquiera en pretender acreditar o valorar mediante un peritaje.
Por último, hay que considerar lo que podría ser la prueba más evidente del especial empeño en castigar la oposición de los ecologistas al proyecto estrella que promueve la misma administración que emite la sanción. Y no es otra que la legislación en la que se basa la Autoridad Portuaria de Cartagena, que en su empeño sancionador ha tenido que rescatar una reglamentación preconstitucional de principios del siglo pasado, que no ha sido adaptada a la nueva legislación vigente, por lo que los ecologistas consideran que no es de legal aplicación. El articulado de dicha reglamentación obsoleta es tan genérico y poco concreto que permite sancionar a cualquiera por casi cualquier cosa, ya que se alude a argumentos tan peregrinos como la "vagancia" o "faltar a la moralidad", términos que nos recuerdan conocidas leyes de oscuros tiempos pretéritos.
Los ecologistas mostraron su esperanza de que, una vez puedan exponer los motivos por los que se pide la nulidad de la resolución, el juez les dé la razón, y la APC les devuelva los casi 10.000€ de la sanción, injusta y totalmente desproporcionada por una acción pacífica, simbólica y sin consecuencias negativas, salvo la difusión pública de los gravísimos impactos ambientales de una obra megalómana como es la del Macropuerto de Contenedores del Gorguel.
Entrevista previa a la cobertura del juicio de Ecologistas en acción contra las autoridades portuarias de Cartagena. Una de las sancionadas convertida en demandante nos pone en antecedentes para entender mejor este caso. El juicio será en Juzgado de lo contencioso administrativo Nº1 de Cartagena, C/Angel Bruna 21, Cartagena.
