Vehemente intervención de Rafa Mayoral, abogado de la PAH Un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Carlos Mayoral, y Carlos Cuesta, redactor jefe de El Mundo, discutieron sobre la dación en pago y los escraches en el programa Gran Debate de la cadena de Paolo Vasile. El director del diario conservador había vinculado a la PAH con "grupos filoetarras".
TEMA DEL DÍA:Actualidad sobre las demandas policiales del 14 N y Denuncia a EMUASA
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El grupo GTM recibió hace poco el documento que rescinde el contrato de servicios en la televisión autonómica 7RM y empezó a enviar a trabajadores a sus casas mientras se negocia en las próximas semanas el expediente de regulación de empleo (ERE) para la casi totalidad de la plantilla de 263 profesionales. En ese periodo, estos trabajadores mantendrán el sueldo, pero no el empleo, informaron fuentes del comité de empresa.
La recolocación de estos empleados en la empresa concesionaria que gane el nuevo concurso será más difícil ya que la decisión del Gobierno regional ha consistido en una rescisión total del contrato que elimina las prestaciones de GTM, por lo que no existe una continuidad en este servicio público.
Esta sucesión o subrrogación laboral de una parte de los trabajadores no podría ser recogida en el pliego de condiciones.
El paso de trabajadores de una a otra empresa es habitual en determinadas contratas de servicios públicos, como ha sucedido recientemente con la línea urbana de autobuses de Murcia. Lo más favorable para los empleados de GTM es que esta empresa vuelva a ganar el concurso el año que viene, aunque no regresarían todos.
El Gobierno regional intentará reflejar en el pliego del concurso algún criterio que prime la contratación de estos trabajadores. La cancelación del contrato decidida por la Comunidad ofrece a GTM suficientes causas objetivas de despido para acometer el ERE. Ni el grupo empresarial ni la Consejería de Hacienda tienen dinero para seguir pagando la televisión. GTM reclama ahora el pago de 24 millones de los 36 que les corresponde para este año, mientras que analiza si exige otra indemnización por los dos años que restaban de contrato, como publicó 'La Verdad'.
La plataforma en defensa de la Marina de Cope organiza la construcción de castillos de arena en la playa de Calabardina de Águilas para concenciar a los ciudadanos.
Ayer madrugué para echar un vistazo a la acción reivindicativa de la Plataforma en Defensa de la Marina de Cope, que desde las 6.30 ocupó simbólicamente la playa de Calabardina (Águilas) con castillos de arena para protestar contra el proyecto turístico que se cierne sobre las playas solitarias de este espacio natural, desde la torre de Cope hasta la cala de la Galera. Unos veinte 'albañiles' playeros, ataviados con chalecos reflectantes, sorprendieron a los paseantes más tempraneros. Desayuné viendo las primeras fotos de la acción en Twitter (#castillosporcopelibre) y unos minutos después ya había subido las mías desde la misma playa (las podéis ver todas en mi cuenta, @maruizlv).
Buen humor y algo de incertidumbre sobre las 8.15, cuando se presentó en el pequeño paseo marítimo un veterano guardia civil para saber por qué estaba balizada la orilla de la playa. El agente tomó nota de un responsable de la 'performance' (allí estaba el concejal de IU Miguel Carrasco Cayuela para las gestiones diplomáticas) y dejó hacer. Cuando la playa comenzó a llenarse de bañistas (en Calabardina no queda un hueco libre después de las 11.00), la acción reivindicativa terminó y los castillos se desmoronaron.
¿Ocurrirá lo mismo con el proyecto turístico-urbanístico que promueve el Gobierno regional? La exministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona me comentó por la tarde que no descarta un "final feliz" para el recurso del PSOE a la Ley del Suelo de Aznar, que dio vía libre a la urbanización de la Marina de Cope, pese a que este trámite lleva atascado once años ya en el Tribunal Constitucional.
