miércoles, 10 de julio de 2013

Resultado de la concentración del martes en torno a la Delegación del Gobierno


El activista sancionado nos cuenta algunos detalles de la concentración

De manera simultánea se protestaba por el cierre de un centro de día/ residencia en Espinardo



Situándonos en la causa de esta concentración, declara el sancionado, Luis Miguel López Román, que el importe de la multa es muy elevado teniendo en cuenta que es tan solo por participar en un evento reivindicativo de los derechos de los docentes interinos murcianos. 1600€). El primer evento en el que participó por el que recibió una sanción (1500 €) fue el Escrache a Sotoca el día 6 de junio de 2013. No lo citan como Escrache en la sanción porque no es delito, lo citan como concentración que no había sido comunicada con la antelación dispuesta en la ley. Pero eran menos de 20 personas, el mínimo previsto a la hora de que sea necesario anunciar la concentración. En este caso no identificaron a nadie, no pueden demostrar realmente que allí hubiera mas de 20 personas.

El otro evento por el que ha sido sancionado (1600 €) fue una mini-ocupación en la Consejería de Educación de 1h 30min de duración. Se le acusa de ser el promotor de la reunión. En realidad, los interinos, cansados de intentar conseguir una negociación con la Consejería sobre la rebaja de sus derechos, intentaron personarse en el despacho de Joaquín Buendía, responsable de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa en la Consejería de Educación de la CARM para conseguir concertar una reunión.
Buendía dijo que era necesario presentar una solicitud administrativa. No se puso en peligro a nadie ni a nada a lo largo de la acción.

Luis Miguel López Román se ha reunido con su abogado, y su intención es agotar la vía administrativa para anular la sanción o rebajarla al mínimo, 300€

La primera sorpresa por parte de los asistentes a la convocatoria de esta tarde en torno a la Catedral ha sido la buena respuesta. Ha acudido gente de diversos colectivos:
AIDMUR, Grupo Municipal Socialista, FE – CCOO, IU-Verdes, Intersindical, PAH, Plataforma de Parados, Plataforma de la Sanidad Pública, CrítiCCOOs, Republicanos, Izquierda Anticapitalista, Consumur, Somos Escuela Pública.

Cabe destacar también la poca presencia policial. Esta concentración no se había planeado anteriormente, pero hoy ningún policía se ha acercado para identificar a la gente.
A pesar de que los medios empleados en las concentraciones sean pacíficos (que no haya peligro ni para personas, ni para mobiliario urbano, etc.) si la cuestión por la que se protesta afecta a los privilegios de la clase política entonces las fuerzas de seguridad actúan de forma implacable, queriendo actuar como escarmiento, sembrando el miedo entre la población. Escogen de manera aleatoria a uno de los participantes en la acción, acusándolo de ser el organizador, ya que es la única manera que tienen de justificar una sanción (a nivel administrativo, o incluso penal).

La concentración de hoy también protestaba por el cierre del Centro Ocupacional para discapacitados de Espinardo. Este Centro es a la vez residencia. Tiene dos tipos de usuarios: los que lo emplean como Centro de Día, y los que son residentes. El Centro está en malas condiciones y en lugar de rehabilitarlo, lo van a cerrar. De esta manera, se derivará a los usuarios a centros concertados. Y los trabajadores, a la calle.

La concentración ha finalizado con la lectura del siguiente manifiesto:


Frente a la represión ¡Unidad y lucha!

En los últimos años, los casos de represión se repiten de día en día en nuestra región. Las medidas de recorte y las distintas reformas lesivas para la ciudadanía que están aplicando los distintos gobiernos han provocado una justa respuesta social. Esta respuesta social está siendo tratada como un problema de orden público que cae en las competencias por tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La justa protesta ciudadana que pretende acabar con las dramáticas situaciones derivadas de las políticas de recortes está siendo primero señalada por los medios de comunicación del régimen y posteriormente atacada mediante detenciones, multas y agresiones policiales. Se busca enfrentar la lucha popular al conjunto de la ciudadanía que se enfrenta al deterioro de los Servicios Públicos, al recorte de salarios, al paro y la precariedad y la exclusión social. Pero nosotros sabemos que la respuesta popular a los recortes y las reformas, a las imposiciones de los gobiernos "recortadores" no son un problema de orden público, sino un problema social.

Vivimos en una región con al menos 150 mil desempleados, con cada vez mas ciudadanos en la exclusión social, con miles de docentes que perderán sus empleos, con miles de estudiantes que perderán su beca o simplemente quedarán excluidos del sistema por razones económicas, al no poder asumir el incremento del coste de las tasas académicas, con entre dos y cinco desahucios diarios en nuestra región y con miles de ciudadanos amenazados de exclusión de los Sistemas públicos Sanitario y de Servicios Sociales por la implantación de unas políticas antisociales y contrarias al interés de la mayoría social.

Frente a este estado de cosas, hay cada vez más ciudadanos que hemos decidido unirnos y organizarnos para luchar por la vida. Así han crecido los colectivos de afectados por las hipotecas, de desempleados, de profesores interinos, de estudiantes, se han reforzado los sindicatos y otras formas de organización de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, se han desarrollado concentraciones, manifestaciones y protestas diversas. Los derechos de reunión y manifestación se hacen efectivos cuando se ejercen por los ciudadanos, solo la acción de masas los impuso tras el franquismo y de nuevo solo la acción de masas los volverá a imponer a gobernantes corruptos y grandes empresas que buscan rebajar nuestros medios de vida.

Por ello, las multas sanciones impuestas por ejercer el derecho a manifestación con motivo de las movilizaciones en defensa de la educación pública del pasado mes, así como las identificaciones arbitrarias a muchos compañeros durante la misma lucha, sumada a los distintos casos de agresiones policiales sucedidos en nuestra región y la multitud de medidas represivas en los últimos tiempos, las entendemos como un intento de eliminar o reducir los derechos ciudadanos. Ya han acabado con muchos de nuestros derechos laborales y sociales, y ahora van a por nuestros derechos de manifestación y movilización pacífica. ¡No lo vamos a permitir!
Un muro de solidaridad se alza frente al poder político y económico, en cada desahucio, en cada despido, en cada deterioro de nuestros Servicios Públicos, con la lucha de los jóvenes por su derecho al estudio y al trabajo, por el derecho de la mayoría social a una sociedad donde el trabajo, los derechos sociales y la democracia sean una realidad.

¡¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!!

¡¡No más represión!!

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